La próxima formación del Gobierno federal alemán, tras la constitución de la Cámara baja (Bundestag) el 22 de octubre de 2013, ha suscitado un interesante debate acerca de la conveniencia o no de que en ese Gobierno exista un “ministerio de Internet”.
Ese ministerio se ocuparía entre otras de dos grandes áreas: telecomunicaciones y sociedad de la información. En otras palabras, de cuestiones que entre nosotros se llevan también desde un solo ministerio, el de Industria y energía, si bien por una dependencia de rango inferior al ministerial: la Secretaría de Estado a ellas dedicada.
Como decía, la cuestión no es pacífica, pues si bien la idea tiene decididos partidarios, también cuenta con claros detractores.
Entre los primeros, se encuentra por ejemplo Jan Moenikes, un prestigioso abogado de Berlín que es asimismo vicepresidente del capítulo alemán de Internet Society. En un trabajo dedicado al asunto, Moenikes esgrime tres argumentos principales en favor de ese “MINT Ministerium”:
- La importancia del sector, sin lugar a dudas uno de los pilares fundamentales de la economía alemana y de su desarrollo futuro, particularmente en materia de innovación tecnológica.
- La racionalidad organizativa, en el doble sentido de que esa importancia debiera acompasarse con estructuras de gobierno y administración que la sirvan adecuadamente, tal y como por ejemplo sucede con áreas económicas “tradicionales” (así, la agricultura); y de que el Bundestag habría dado ya ese mismo paso, al constituir en su momento una Comisión dedicada a “Internet y la sociedad digital”, que sin embargo no cuenta con “ministerio específicamente correspondiente” alguno.
- Y el hecho de que la medida resultaría eficiente, al no suponer grandes costes en función de la utilidad que la conjunción de esfuerzos en este campo bajo una sola responsabilidad ministerial llegaría a implicar.
Entre quienes están en contra, un joven politólogo con formación en las universidades de Oxford y Constanza, Marian Schreier, quien fundamentalmente maneja un argumento: el de que Internet y el entorno digital constituyen un área transversal, cuya gestión debe integrarse en todos y cada uno de los ministerios del Gobierno alemán. Esto no es óbice para que, como hasta ahora ha venido sucediendo, exista en Alemania un Ministerio, el de economía, que aúna asimismo competencias en materia de tecnología e innovación y que obviamente por ello se ocupa igualmente de asuntos relativos a Internet y el mundo digital.
Como solución intermedia entre el modelo actual en aquel país y la creación de ese Ministerio específico, Schreier propone la figura del Chief Digital Officer (CDO) o Alto Comisionado Digital, que funciona en relevantes administraciones tales como la de la ciudad de Nueva York. Para Alemania, ese CDO, con rango ministerial, eso sí, podría estar encargado de desplegar las políticas que se desprenden de la Agenda digital (europea y alemana), con comparable eficacia y menor complejidad burocrática que la creación de un ministerio.
Con independencia de lo que en Alemania termine por suceder, ¿en qué medida este debate es trasladable a España?
De modo semejante al caso alemán, también aquí tendríamos tres posibles modelos organizativos: el primero es el actual, de concentración de funciones en un órgano infraministerial (la citada secretaría de Estado de telecomunicaciones y para la sociedad de la información); un segundo sería la creación de un ministerio específicamente dedicado a Internet; y el tercero, esa especie de Alto Comisionado Digital o CDO.
Argumentos como los que los partidarios del ministerio de Internet manejan en Alemania podrían también sostenerse en nuestro país: también aquí el sector es económicamente decisivo y estratégico, al tiempo que lo es en medida palpablemente creciente; y también resultaría eficiente su creación, si se pondera ese peso del sector con la conveniencia de adaptar al mismo las estructuras político-administrativas de decisión.
En este sentido, la creación de un ministerio de Internet español daría clara visibilidad a lo que entiendo es una necesidad de todo gobierno en un entorno tan acentuada y crecientemente digitalizado como es el europeo de nuestros días: la de priorizar y fortalecer políticas que tienen una proyección decisiva, estratégica, sobre el conjunto de la economía y por tanto sobre el bienestar general.
España, además, como Alemania, cuenta con un régimen político parlamentario. Por ello mismo, fórmulas como la del Alto Comisionado Digital o CDO, si bien sirven para aglutinar competencias y por tanto para incrementar la eficacia, casan sin embargo mal con la necesidad de someter a fiscalización a sus responsables, es decir, la de controlarlos para que rindan cuentas de su actuación.
Este “CDO español”, cuya creación proponía incluso al Gobierno el grupo de expertos para la Agenda Digital para España, terminaría indefectiblemente operando mediante una adscripción directa a la Presidencia del Gobierno, salvo que sus alas se le cortasen de entrada, quedando sujeto al organigrama de algún ministerio. Y si aquél fuera el caso, el de la integración en el “aparato de Moncloa”, su actuación solo sería políticamente fiscalizable a través de la figura del propio Presidente, quedando al tiempo oscurecida esa conveniente visibilidad.
El hecho de que un ministro o ministra de Internet asumiera en nuestro país estas funciones sumaría por el contrario visibilidad a responsabilidad, a la vez que podría garantizar la imprescindible eficacia.
Y, lo que es más importante aún, con ese posible mayor rango, y aunadas en un ministerio, las políticas de Internet disfrutarían de algo que desde hace muchos años vengo también defendiendo para el Derecho de la Red: un enfoque holístico, en el que por definición, el todo es distinto de la suma de las distintas partes, partes que, por ello mismo, no resultan irrelevantes entre sí, sino que bien al contrario, resultan interdependientes en un conjunto sistémico.
No es igual regular un contrato electrónico desde la perspectiva de conjunto que da el conocimiento multidisciplinar de Internet, que hacerlo desde el estrecho y exclusivo punto de vista de “la legislación de contratos”. De la misma manera, no es igual elaborar y ejecutar políticas para el entorno digital desde la atalaya de un ministerio diseñado para un enfoque “panorámico”, que hacerlo desde la delimitada perspectiva de tal o cual dependencia de la Administración.
El intelectual norteamericano George Gilder afirmó a mediados de los noventa que “algún día todo el Derecho sería Derecho de Internet”: y si eso se dijo del Derecho, muy bien podría decirse también de la política, que como expusiera el maestro Norberto Bobbio, no es sino la otra cara de la misma moneda.
Puede que así termine ocurriendo. En cualquier caso, y mientras eso llegara suceder, creo que ese ministerio de Internet aportaría a España la visión de conjunto y la visibilidad organizativa necesarias, para un área sobre cuya relevancia apenas es preciso argumentar.
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